Vamos a imaginar…

Imagínate que vas un día con un grupo de personas con discapacidad intelectual, una tarde de sábado soleada, una actividad de ocio que prometía. Cogéis el transporte público de Madrid. De repente, una de las participantes, pierde los nervios, desencadenando unos hechos que acaban en una situación de violencia.

¿Qué harías? Seguramente llamar a la seguridad del transporte “público”. Quién llegaría de inmediato a reducir a la persona y socorrer a la agredida. Oh, sorpresa. La persona tiene discapacidad intelectual. Y lo que iba a ser una atención directa y rápida queda paralizada de inmediato. Atónito, impotente, no sabrías cómo actuar.

La agresión continua, se incrementa la agresividad aún más; el nerviosismo crece.

Seguramente, llamarías a la policía, ¿Verdad? Y ya van 25 minutos de angustia. La policía llegaría e intentaría hacer su labor de la manera menos brusca posible, ya saben que la persona tiene discapacidad intelectual. Tal vez, el psicólogo de la agresora intentara hablar telefónicamente con ella. No puede, incertidumbre, dudas,… No se le permite.

Seguramente, llegados a este punto, ahora que sabes que hay una crisis médica, también llamarías a SAMUR. No tardaría en llegar y dar atención a la paciente de manera profesional, pero sin considerar en ningún momento la posibilidad de traslado a unidad de psiquiatría donde pudieran atenderla según su perfil específico, el cual, ya conocen.

Pues ¡Deja de imaginar! Esto es lo que sucedió el pasado 18 de marzo, a las 20:30 horas en la Renfe de la CAM, con una persona con discapacidad intelectual, tutelada por la Comunidad de Madrid y con problemas de salud mental.

Denunciamos la falta de protocolos claros ante casos de esta índole, o, el desconocimiento de ellos. Así como la falta de formación específica en la materia en los y las empleadas de los servicios públicos y de las personas trabajadoras para empresas subcontratadas que dan servicio a empresas públicas.

La Seguridad de Cercanías de la CAM, no tiene permiso ni formación para atender casos con personas con Discapacidad Intelectual. La policía, no conocía protocolo alguno para saber qué hacer con una persona tutelada por la Comunidad de Madrid, no se le permitió hablar telefónicamente con el personal de psicología de la residencia donde vive. La residencia donde vive la usuaria, no cuenta con medios ni protocolo para ir a recogerla cuando suceden casos de esta índole.

Ni SAMUR ni policía tenían potestad para poder salir de su “demarcación” y trasladar a la paciente a su lugar de residencia.

Durante más de una angustiosa hora estuvieron ambos servicios esperando a tener respuesta de mandos superiores para saber qué hacer con la paciente-agresora.

Finalmente, dieron traslado a la residencia donde vive.

Denunciamos la indefensión de todas las partes. De la monitora agredida; de la agresora, persona con discapacidad intelectual, tutelada por la Comunidad de Madrid y con problemas de salud mental. Del personal que trabaja para empresa pública.

Exigimos protocolos claros y formación en la materia para el personal que trabaja en la red de empresas y servicios públicos.